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Cámaras de vigilancia y seguridad urbana

Cámaras para multar, no para proteger

En San Martín estamos acostumbrados a que nos roben a cualquier hora del día. Pero cuando te roba el Municipio, ya se han pasado todos los límites imaginables.

La frase puede resultar dura. Pero expresa una sensación que hoy comparten muchos vecinos: la percepción de que el Estado municipal tiene cada vez más capacidad para controlar y sancionar al ciudadano, mientras todavía no logra garantizar algo tan básico como caminar, circular o detenerse en un semáforo sin sentir miedo.

San Martín cuenta con un sistema municipal de fotomultas. De hecho, en septiembre de 2026 ingresó al Honorable Concejo Deliberante un pedido de informes para conocer en detalle cómo funciona el sistema de constatación de infracciones por medios electrónicos. (HCD San Martín)

La discusión, entonces, no es si hay que cumplir las normas de tránsito. Por supuesto que hay que cumplirlas.

La discusión es otra:

¿Cuál debe ser la prioridad de las cámaras municipales?

¿Prevenir delitos o recaudar multas?

Una cámara puede tener múltiples funciones.

Puede detectar una infracción de tránsito. Puede leer una patente. Puede aportar información después de un delito. Puede permitir una intervención policial en tiempo real.

La tecnología no es el problema.

El problema es qué decisión política tomamos sobre esa tecnología.

En un distrito donde la inseguridad sigue siendo una preocupación central de los vecinos, cada nueva cámara debería preguntarse primero por su capacidad para prevenir delitos y proteger a las personas.

Porque si un vecino llega a una esquina considerada peligrosa, detiene su automóvil ante la luz roja y durante la noche queda expuesto a un robo, la discusión sobre seguridad no puede reducirse a si una cámara registró correctamente una infracción.

La cámara debería estar allí, antes que nada, para protegerlo.

Un Municipio que conoce perfectamente cómo cobrar

Hay además una cuestión que no podemos ignorar.

El propio Municipio ofrece planes para regularizar deudas de distintas tasas, incluyendo multas, y en 2026 lanzó un régimen especial de regularización de obligaciones tributarias. (Tramites San Martín)

Esto ocurre en un contexto económico difícil para la administración municipal y para los vecinos y comerciantes que sostienen diariamente la actividad económica de San Martín.

Por eso resulta razonable exigir transparencia:

¿Cuánto cuesta el sistema de fotomultas?

¿Cuánto recauda?

¿Qué porcentaje de lo recaudado queda en el Municipio?

¿Cuántas cámaras existen?

¿Dónde están instaladas?

¿Qué infracciones detecta cada una?

¿Cuántas están destinadas exclusivamente a seguridad y prevención del delito?

¿Cuál fue el criterio utilizado para decidir su ubicación?

No son preguntas menores. Son preguntas que hacen a la administración responsable de los recursos públicos.

Y hay algo todavía más delicado

Las multas de tránsito no son simplemente una cuestión administrativa.

Pueden tener consecuencias concretas para el ciudadano.

La Provincia de Buenos Aires informa que las infracciones impagas pueden bloquear trámites como la renovación de la licencia y la venta de un vehículo hasta que se regularice la situación. (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

Al mismo tiempo, el régimen jurídico nacional del automotor fue modificado y actualmente establece que la existencia de deudas en situación regular por multas o patentes no puede impedir la inscripción o transmisión de un automotor. (Argentina.gob.ar)

Es decir: hay que distinguir cuidadosamente entre la existencia de una deuda, sus efectos administrativos y el trámite concreto que pretende realizar el ciudadano.

Y justamente por eso el Municipio debe explicar con absoluta claridad cómo se están gestionando sus fotomultas y qué mecanismos existen para ejercer el derecho de defensa frente a una infracción.

El problema no es multar

No propongo eliminar los controles.

Un conductor que cruza un semáforo en rojo puede provocar una tragedia.

Un conductor que circula a una velocidad excesiva puede poner en riesgo la vida de otros.

Las normas deben cumplirse.

Pero el Estado no puede convertir la tecnología en una máquina de recaudar mientras deja en segundo plano su obligación esencial de proteger a las personas.

San Martín necesita cámaras.

Muchas más cámaras.

Pero necesitamos cámaras inteligentes, integradas a un verdadero sistema de seguridad:

  • lectura automática de patentes;
  • identificación de vehículos con pedido de captura;
  • monitoreo en tiempo real;
  • conexión con las fuerzas de seguridad;
  • intervención inmediata ante situaciones sospechosas;
  • despliegue en zonas críticas;
  • iluminación adecuada de los puntos de riesgo;
  • y un verdadero mapa del delito que permita decidir dónde poner cada cámara.

Eso sí es utilizar la tecnología para cuidar al vecino.

La prioridad debe ser clara

No quiero un San Martín con más cámaras simplemente porque eso significa más multas.

Quiero un San Martín con más cámaras porque cada vecino merece poder volver a su casa sin miedo.

Quiero que la tecnología esté al servicio de la seguridad.

Quiero que el Municipio tenga capacidad para detectar un delito antes de que se concrete y para actuar cuando está ocurriendo.

Quiero que una cámara sirva para encontrar a un delincuente, recuperar un vehículo robado y proteger a una familia.

Y si además permite detectar una infracción de tránsito, bienvenida sea.

Pero el orden de las prioridades importa.

Primero, proteger.

Después, prevenir.

Luego, controlar.

Y recién entonces, sancionar.

Porque los vecinos de San Martín no necesitan un Estado que sea cada vez más eficiente para cobrarles.

Necesitan un Estado que sea cada vez más eficiente para cuidarlos.

Andrés Petrillo
Arquitecto y Concejal de General San Martín

Integración urbana y servicios municipales

Una ciudad, un sistema de servicios y una contribución justa

Según datos del RENABAP, cerca de 100.000 vecinos de San Martín viven en barrios populares. Son familias que forman parte de nuestra ciudad, que utilizan diariamente los servicios municipales y que tienen exactamente el mismo derecho a recibirlos con calidad que cualquier otro vecino.

Sin embargo, existe una situación de profunda inequidad: en muchos de estos barrios las viviendas no cuentan con una identificación catastral individual ni con una partida municipal propia. Como consecuencia, sus habitantes no tributan las tasas municipales que financian servicios que igualmente reciben: recolección y tratamiento de residuos, limpieza, mantenimiento del espacio público, iluminación, obras, atención primaria de la salud y otras prestaciones.

Esto genera una situación injusta para todos.

Por un lado, miles de familias que viven en la ciudad formal afrontan regularmente el pago de las tasas municipales. Por otro, el Municipio debe prestar servicios en los barrios populares sin contar con una identificación fiscal de cada vivienda que permita distribuir de manera equitativa el costo de esas prestaciones.

La solución no es quitar servicios a quienes hoy no pagan. La solución es integrar.

Partidas municipales provisorias

Proponemos crear un régimen de partidas municipales provisorias para las viviendas ubicadas en barrios populares que actualmente carecen de partida individual.

Cada vivienda tendría una identificación municipal provisoria que permita incorporarla al sistema de información territorial y establecer, de manera gradual y razonable, una contribución por los servicios municipales efectivamente prestados.

Esta partida no implicaría reconocer derechos de propiedad ni resolver la situación dominial del inmueble. Sería exclusivamente una herramienta administrativa y fiscal destinada a identificar cada unidad habitacional, planificar los servicios y avanzar hacia una mayor equidad.

Una contribución acorde a cada realidad

La incorporación al sistema no debería significar aplicar automáticamente la misma carga tributaria que a una vivienda de la ciudad formal.

Proponemos establecer un régimen progresivo y socialmente responsable, con contribuciones diferenciadas según las características de cada vivienda y la capacidad contributiva de sus habitantes.

Quienes se encuentren en situaciones de extrema vulnerabilidad podrán acceder a exenciones, reducciones o subsidios.

Pero quienes estén en condiciones de contribuir deberán hacerlo.

Porque la equidad no significa que todos paguen lo mismo: significa que todos contribuyan de acuerdo con sus posibilidades y que el costo de los servicios no recaiga siempre sobre los mismos vecinos.

Pagar también debe significar exigir

La incorporación de estas viviendas al sistema municipal debe tener una segunda consecuencia fundamental: el vecino que comienza a contribuir también debe poder exigir servicios de calidad.

La Municipalidad deberá establecer estándares de prestación para cada barrio y mecanismos de seguimiento que permitan saber qué servicios se brindan, con qué frecuencia y con qué resultados.

Así, una partida municipal provisoria no sería solamente una herramienta para recaudar.

Sería también una herramienta para registrar, planificar, invertir y controlar.

Integrar la ciudad

San Martín no puede tener ciudadanos de primera y de segunda, ni vecinos que financien prácticamente solos los servicios de una ciudad que todos utilizamos.

Tampoco podemos aceptar que la informalidad urbana se convierta en una situación permanente que impida al Estado conocer con precisión cuántas viviendas existen, dónde están y qué infraestructura y servicios necesitan.

Proponemos avanzar hacia una ciudad integrada, donde cada vivienda tenga una identificación municipal, cada servicio pueda ser planificado y cada vecino pueda contribuir de acuerdo con sus posibilidades.

La regularización fiscal debe ser el primer paso hacia una integración urbana mucho más profunda: infraestructura, urbanización, acceso a servicios, seguridad, salud, educación y, finalmente, la regularización dominial cuando las condiciones legales lo permitan.

Una ciudad más justa no es la que cobra más. Es la que distribuye mejor las obligaciones, los recursos y la calidad de los servicios.

Ese es el objetivo: que la incorporación fiscal de los barrios populares sea una herramienta de equidad, integración y mejora concreta de la calidad de vida de todos los vecinos de San Martín.

Andrés Petrillo
Arquitecto y Concejal de General San Martín

Estado municipal y libertad de voto

Cuando el Estado se convierte en aparato electoral

Hay números que deberían obligarnos a discutir qué tipo de Estado municipal queremos. En San Martín, según una estimación que circula sobre la estructura de personal municipal, entre empleados de planta permanente, transitorios y personas que facturan como monotributistas, alrededor de 10.000 personas mantienen un vínculo laboral o contractual con el Municipio.

El dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con la última elección municipal: en septiembre de 2025 votaron 237.383 vecinos. Dicho de manera sencilla: hay aproximadamente un vínculo laboral municipal por cada 24 votantes.

No estamos hablando solamente de una cuestión administrativa. Estamos hablando de poder.

Cuando el trabajo depende de quien gobierna

El problema no es que una Municipalidad tenga empleados. Un Estado local necesita trabajadores para prestar servicios públicos de calidad.

El problema aparece cuando el tamaño de la estructura municipal y la dependencia económica de una parte de sus trabajadores pueden transformarse en una herramienta de construcción electoral.

Un empleado público debería poder votar con absoluta libertad. Un monotributista que trabaja para el Municipio debería poder elegir al candidato que quiera. Y un proveedor debería poder expresar sus preferencias políticas sin temor a que eso afecte su relación contractual.

Pero cuando el acceso, la continuidad o la estabilidad de un ingreso dependen directa o indirectamente de quien administra el Estado, aparece una pregunta incómoda:

¿Cuánto de ese voto es convicción y cuánto es temor a perder una fuente de ingresos?

No corresponde afirmar que los 10.000 trabajadores municipales sean votos oficialistas. Sería una simplificación injustificada. Pero tampoco podemos ignorar que una estructura de esa magnitud tiene un enorme potencial de influencia electoral.

El voto cautivo es una deformación de la democracia

La democracia supone que cada ciudadano pueda elegir libremente entre distintas alternativas.

Cuando una persona siente que su trabajo, su contrato o su ingreso pueden depender del resultado electoral, esa libertad se debilita.

Y el problema no termina en el trabajador.

Detrás de cada empleo hay una familia. Detrás de cada contrato puede haber un hogar. Y alrededor de cada trabajador existe una red de relaciones personales y territoriales.

Por eso, el verdadero impacto político de una estructura estatal sobredimensionada puede ser mucho mayor que el número de empleados que figuran en una nómina.

El Estado deja entonces de ser solamente prestador de servicios para convertirse, consciente o inconscientemente, en constructor de una red de dependencia política.

El oficialismo no debería necesitar empleados para ganar elecciones

Una administración municipal debería ganar una elección porque los vecinos consideran que gobierna bien.

Porque las calles están limpias.

Porque hay seguridad.

Porque las plazas están cuidadas.

Porque se arreglan las veredas.

Porque funciona el sistema de salud.

Porque se generan oportunidades de empleo.

Porque el municipio facilita la producción y el comercio.

Porque administra responsablemente los recursos de los contribuyentes.

No porque miles de personas teman que un cambio de gobierno pueda poner en riesgo su fuente de ingresos.

Esa diferencia es fundamental.

Un Estado eficiente necesita trabajadores. Un Estado utilizado como herramienta de poder necesita dependientes.

El tamaño también tiene un costo para el vecino

Hay además otra cuestión que no podemos perder de vista.

Cada empleado, contrato o prestación que no responde a una necesidad real del servicio público tiene un costo que termina pagando el contribuyente.

Y cuando la estructura política crece, los recursos que podrían destinarse a seguridad, infraestructura, mantenimiento urbano, salud, educación, desarrollo productivo o reducción de tasas terminan financiando una estructura que puede volverse funcional a la conservación del poder.

Por eso, discutir el tamaño del Municipio no significa estar contra los trabajadores municipales.

Todo lo contrario.

Significa defender al buen empleado municipal, al que trabaja, cumple horarios, conoce su tarea y presta un servicio indispensable para los vecinos.

La discusión debe ser otra:

Menos cargos políticos y menos contrataciones innecesarias; más recursos para quienes realmente prestan servicios a la comunidad.

Recuperar la libertad

San Martín necesita recuperar una idea elemental: el Municipio pertenece a los vecinos, no al gobierno de turno.

El trabajador municipal no debe sentir que tiene que agradecerle su empleo a un intendente. Debe saber que su estabilidad surge de su capacidad, su esfuerzo y las reglas de una administración profesional.

Y el vecino tampoco debería sentir que para acceder a una oportunidad laboral, un contrato o un beneficio necesita tener una determinada pertenencia política.

La mejor política para terminar con el voto cautivo no es perseguir empleados ni revisar ideologías.

Es mucho más sencillo:

Profesionalizar el Estado, transparentar las contrataciones, reducir los cargos políticos, terminar con el uso discrecional del empleo público y garantizar que nadie pierda su trabajo por pensar distinto.

Porque cuando el Estado deja de ser patrimonio de un gobierno y vuelve a ser patrimonio de todos, el voto vuelve a ser verdaderamente libre.

Andrés Petrillo
Arquitecto y Concejal de General San Martín